Campaña de apoyo antimilitarista
Uno de los clásicos más repetidos del movimiento antimilitarista es que la guerra no es una catástrofe natural impredecible sino que detrás y antes de ella hay unas elecciones políticas conscientes, unos preparativos políticos, económicos y culturales que solamente son posibles gracias a nuestra colaboración consciente o inconsciente, o a nuestro silencio. Los miles de millones de euros con los que anualmente alimentan la maquinaria militar española los contribuyentes mediante el pago de sus impuestos es sólo uno de los ejemplos de esa cooperación necesaria a gran escala de la ciudadanía. Pero por suerte parece haber signos de que este mensaje reiterado está logrando abrirse paso entre algunos sectores sociales. Ya hay personas que no sólo toman conciencia de la relación entre nuestras decisiones cotidianas y las guerras que vemos al otro lado de nuestras pantallas, sino que además deciden convertir su conciencia en acción responsable, cívica y crítica. Es el caso de los objetores fiscales al gasto militar.
Los valencianos HUGO ALCALDE y JORGE GÜEMES llevan practicando la objeción al gasto militar varios años. Por ejemplo, Hugo restó de sus declaraciones de la renta entre 2003 y 2008 cerca de 1500 euros que donó a distintas asociaciones pacifistas, de resistencia noviolenta y medios de comunicación sociales en protesta contra la guerra y el militarismo, como argumentó en las propias declaraciones adjuntando una carta explicativa y anotando el cálculo en los impresos. En cada una de sus declaraciones restó un porcentaje igual al que en los Presupuestos Generales del Estado representan los gastos en materia militar y armamentística, y dejó constancia de ello en el propio impreso creando de su puño y letra una nueva deducción: “Por Objeción Fiscal al Gasto Militar”.
Sin embargo es ahora, desde hace unos meses, cuando Hacienda les reclama las cantidades desviadas más recargos e intereses. Tanto Hugo como Jorge mantienen la legitimidad de su acción, así que, cada uno por su cuenta, decidieron resistirse a la decisión administrativa, recurriéndola. Con ello no buscan un trato de favor por parte del fisco por supuesto, pero tampoco el reconocimiento de un derecho individual que permita evitar el pago de una parte de los impuestos relacionada con la estructura militar, sino más bien la reclamación activa de un derecho colectivo a vivir en un mundo en paz, que implica el desarmado progresivo de la maquinaria de la guerra. Hasta el momento, con el apoyo y asesoramiento de Alternativa Antimilitarista-MOC, Hugo Alcalde y Jorge Güemes han recurrido las reclamaciones de Hacienda ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y planen recoger apoyos públicos y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Hugo en los próximos meses, y Jorge en las próximas semanas.
Hugo y Jorge son sólo dos de los cerca de mil personas que cada año desvían un porcentaje de sus impuestos de la renta como gesto activo, consciente, abierto y comprometido para reclamar la progresiva eliminación del presupuesto militar y la abolición de los ejércitos. Esta insumisión fiscal colectiva a colaborar en los preparativos económicos de la guerra, la “objeción fiscal al gasto militar”, es promovida por los grupos de Alternativa Antimilitarista-MOC y apoyada (y practicada) por un creciente número de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales, políticas y medios de comunicación alternativos. Se trata de un acto de desobediencia civil y por tanto no es legal, pero es a la vez una herramienta legítima de democracia directa, pues es abierto, apela a valores colectivos y busca someter a debate cuestiones que son sistemáticamente escamoteadas a la sociedad: ¿pueden el militarismo, el armamentismo y la violencia resolver los conflictos que sufren los seres humanos o los hacen más graves? ¿Los ejércitos nos defienden de las amenazas reales a las que se enfrenta la gente o en realidad crean amenazas nuevas? ¿Es el mundo un lugar más justo y seguro en términos humanos después de la guerra de Afganistán y otros lugares donde intervienen los ejércitos? ¿Son las fuertes inversiones en fines militares una defensa o una agresión a la sociedad? ¿Es ética y ecológicamente aceptable que uno de los pilares de la economía sea la producción y venta de instrumentos de muerte y dominio?
La acción de Hugo Alcalde, Jorge Güemes y todos los objetores fiscales, una más dentro del conjunto de actividades de los grupos pacifistas y antimilitaristas, intenta desenmascarar, arrojar luz, cuestionar lo que aparece envuelto en el secretismo, la opacidad y el camuflaje. Como que más de la mitad del presupuesto militar está escondido en partidas fuera del Ministerio de Defensa, que la investigación militar se camufla dentro de la investigación civil, que se está subvencionando generosamente la fabricación de nuevos sistemas de armamentos, que sistemáticamente se acaba gastando más de lo presupuestado gracias al uso de los llamados fondos de contingencia, que el gasto en estas estructuras de muerte, violencia y dominación multiplica en muchas veces el gasto en cuestiones social y ecológicamente constructivas, que un buen número de bancos y entidades financieras invierten en la producción y comercio armamentístico y se benefician por tanto con el sufrimiento de personas que viven en otros rincones del mundo, que España está entre los mayores exportadores de armas del mundo…
Todo esto configura un panorama hoy si cabe más indignante, contemplado junto a las generosas ayudas a bancos, fabricantes de automóviles y constructoras, y en medio de significativos recortes de los derechos sociales con motivo de una crisis capitalista que golpea duramente a los sectores más vulnerables. Visto lo visto, parece que hay que actualizar la clásica propuesta del pacifismo antimilitarista: acabemos con la guerra (y la crisis) desmantelando los ejércitos. Que la crisis la paguen los ejércitos. Para conseguirlo necesitamos, entre otras cosas, a personas como los objetores fiscales al gasto militar.
antimilitaristes-moc valència
febrero de 2010
