Carlos Pérez Barranco, Antimilitaristes-MOC València

Publicado en la revista del Ateneo Al Margen (primavera de 2025)

Como reza el lema antimilitarista, imagínate que hay una guerra y no va nadie. Y ahora, derivándolo un poquito, imagínate que preparan una guerra y no la paga nadie. O mejor, no hace falta que imagines nada, porque lo tienes todos los días en la actualidad: no es que hayan dejado nunca de preparar la guerra, pero los elefantiásicos 800.000 millones con toda clase de facilidades financieras de Von der Leyen para rearmar Europa, el 3% del PIB de gasto militar exigido por el secretario general de la OTAN, los anuncios de (re)crecimiento de las partidas militares de Macron, Starmer, Sánchez et al., están produciendo un clima belicista desconocido desde hacía décadas. Y para que tampoco tengamos que simplemente imaginar la segunda parte del adagio antimilitarista, llega como todos los años con la primavera astronómica, la veterana propuesta de los grupos y movimientos contra guerra a las personas contribuyentes: la objeción fiscal al gasto militar.

O formulado de una forma más directa: si no quieres la guerra, no la pagues; desarma tus impuestos, o ni un céntimo para el ejército, que son los lemas que han acompañado a esta persistente campaña. Una propuesta desobediente vigente año tras año, desde 1982 al menos, cuando el primer gobierno del PSOE se embarcó en “modernizar” los aviones de guerra españoles con el programa FACA y la compra de F-18, y la por entonces Asamblea Andaluza de Noviolencia lanzó un llamamiento a la desobediencia activa a contribuir al gasto militar a través de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

En la práctica se traduce en pocas palabras en alterar la declaración normal introduciendo una deducción por una cantidad determinada (que desde hace algunos años se deja en manos de la persona objetora) que se desvía hacia un proyecto o asociación que proyecte un horizonte diametralmente opuesto al imaginario militarista. La acción se completa con el envío de una carta-declaración dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que la persona objetora expone los motivos y el fin de su decisión, para conjurar así cualquier acusación de fraude o de actuar en beneficio propio. El procedimiento concreto es muy sencillo y se puede encontrar explicado con detalle en multitud de sitios web y folletos de los colectivos antimilitaristas y afines que promueven la campaña todos los años. En el caso de la campaña de València, se puede consultar la página web de nuestro grupo en la dirección de internet mocvalencia.org, o por supuesto si es necesario no dudes en contactar con nuestro grupo para concertar un asesoramiento personal.

Como buen acto de desobediencia civil, es un gesto abierto y público, pues no se esconde sino que se declara abiertamente, y con un fuerte componente simbólico y pedagógico, una acción individual que relata en lo micro la propuesta de cambio social que quiere trasladar a la sociedad: desarmemos la maquinaria militar de la guerra y el concepto de seguridad ligado a esta, estatista y violenta, para construir una alternativa basada en la idea de seguridad humana, que defienda y conquiste derechos y libertades, que proteja la naturaleza, sin delegaciones, desde la base social, mediante la noviolencia.

Pero es también simbólica (y hay que decirlo para que nadie se lleve a engaño) en el sentido de que la persona objetora con su acción concreta no está quitando realmente ni un euro del presupuesto militar, puesto que siendo la objeción fiscal una postura obviamente no reconocida por Hacienda, la recaudación de todos los contribuyentes (incluyendo a quienes hacen objeción fiscal) que llega a la caja común es repartida sin excepciones según los Presupuestos Generales del Estado vigentes, incluidas las partidas de naturaleza militar. Así que la acción desobediente se queda ni más ni menos en el terreno de un potente grito de “ninguna guerra, ningún ejército” dirigido directamente a quien reparte el pastel y establece las prioridades, que no es poca cosa. Mucho más transformador, nos gusta pensar en la escena antimilitarista, que las muy dignas y muy necesarias también manifestaciones públicas de indignación contra el inédito delirio belicista que se multiplican estas semanas.

Entre los deseados efectos de una buena campaña de desobediencia civil se cuenta también la apertura de debates amplios que puedan dar un vuelco a los consensos fabricados con los que nos obsequia el poder. En el caso de la objeción fiscal al gasto militar esto se habría traducido en situar en la agenda pública un discurso crítico al menos contra las dimensiones de militarización de las cuentas estatales sino contra su mera existencia, o hablando en plata, contra el gasto militar. Creo que no es exagerado afirmar que la actualidad de esta crítica en movimientos, grupos, organizaciones y medios alternativos, progresistas o no tanto, en ellos últimos diez o quince años tiene bastante que ver con la un tanto sorda pero constante y machacona insistencia de la campaña de objeción fiscal antimilitarista.

Todo ello sin soslayar la insustituible labor de disección de las cuentas estatales y los valiosos informes de centros de investigación para la paz como el Centre Delàs o colectivos como Alternativas de Defensa o Juan Carlos Rois, que proveen al activismo pacifista y antimilitarista de la munición (con perdón) necesaria para sus campañas y acciones. Gracias a sus informes sobre gasto militar, financiación de la industria militar, etc., venimos sabiendo desde hace muchos años varios hechos incontestables. Primero que, aunque las alarmas estén saltando estas semanas con razón, el gasto militar lleva 25 años creciendo sin descanso y que ha sido curiosamente en los años de los gobiernos “más progresistas de la Historia”, cuando se ha producido el aumento más dramático, con por ejemplo un crecimiento del presupuesto de solo el M. Defensa del 23,4% en un solo año de 2022 a 2023, siendo el gobierno que más inversiones militares ha dedicado en cuarenta y cinco años.

Segundo, que los datos de gasto militar (o “de defensa”, como les gusta llamarlo ambiguamente a los voceros de las élites militaristas) es un auténtico juego de trileros. Los gobiernos desinforman a la opinión pública hablando de gasto “de defensa”, pero solo se refieren al presupuesto del Ministerio de Defensa, ocultando, camuflando sería la palabra más adecuada, las partidas de naturaleza militar presupuestadas en otros muchos ministerios que han llegado a ser incluso 12 de 13 ministerios. Este juego de trileros se hace incluso pasando por alto el criterio contable, no de las aviesas organizaciones antimilitaristas, sino el de la mismísima Alianza Atlántica, que incluye la seguridad social y pensiones militares, la Guardia Civil, y los créditos de I+D concedidos, regalados se podría decir, a las multinacionales del armamento para producir nuevas máquinas de matar para las Fuerzas Armadas españolas. Produce una sensación extraña en el estómago que ahora sea el propio Sánchez quien quiera embaucar a la OTAN decidiendo incluir de repente todas estas partidas siempre “camufladas” para intentar convencer ahora a sus aliados de que está haciendo sus deberes. De esta manera, de repente, el gasto militar español ya está desde 2023 por encima del famoso 2% del PIB, en el 2,17% del PIB si se incluyen los intereses generados por la deuda contraída en las cuentas estatales: 27.617 millones de euros en 2023, 28.935 millones en 2024… O en cifras quizás más aprehensibles, unos 76 millones de euros diarios, unos 600€ per cápita. Produce no sé si vértigo o náusea contemplar estas cifras pensando a la vez qué cantidad de carencias y necesidades socialmente sentidas como apremiantes podrían ser atendidas con solo una fracción de estas cantidades.

Un tercer hecho que se puede extraer del análisis del gasto militar es que las Fuerzas Armadas siguen siendo una institución intocable que hay que apoyar sin ambages con independencia del color del gobierno de turno, y un cuarto, pero no el menos importante, es que si las cuentas públicas contenidas en los PGE son la plasmación de las prioridades reales de los poderes públicos puesto que los números y los millones de euros no mienten, entonces es evidente a la luz de lo comentado anteriormente que la apuesta por la preparación de la guerra y la violencia armada como forma de abordar los conflictos sigue teniendo una altísima prioridad en las políticas internaciones que diseñan sus señorías.

Sobre todas estas cosas y más queremos atraer la atención con la objeción fiscal al gasto militar, una campaña de desobediencia civil con unas consecuencias legales de tan baja intensidad que casi podríamos decir que se encuentra hoy por hoy más bien en el terreno de lo “alegal” que en la ilegalidad. En efecto, la Agencia Tributaria, en caso no improbable pero tampoco seguro que detecte nuestra acción (y mira que se lo ponemos fácil con nuestra carta), la trata como un error y simplemente exige que paguemos la cantidad detraída. Un error y no una infracción sancionable, cambio sustancial que se produjo a raíz de la sentencia en 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que anulaba la sanción que le había impuesto la Agencia Tributaria al objetor fiscal Joan Surroca, al estimar parcialmente su recurso. A partir de entonces se abre ante la persona objetora fiscal un incierto camino de alegaciones a Hacienda que, hoy por hoy, tiene escasas opciones de éxito. Así que la peor de las consecuencias de la objeción fiscal es esa, que Hacienda la detecte y acabemos teniendo que pagar, al principio o al final de la vía administrativa, la cantidad que ya habíamos desviado. En cualquier caso, como repetimos siempre desde los grupos que la promovemos, lo importante no es esto, sino la dimensión política y colectiva como acto de resistencia a la preparación de la guerra que consigamos insuflar a la objeción fiscal.

Y sin embargo, a pesar de su escasa complejidad y de la baja respuesta represiva de la Administración, tras más de cuarenta años de estar a disposición de estar a disposición de quienes aspiran a abolir la guerra, esta herramienta de transformación social sigue en un estado embrionario, a rebufo de la movilización social, creciendo en momentos como las protestas masivas contra la guerra de Iraq o el 15M. Puede que hoy en este clima de máxima atención mediática sobre los pilares económicos de la guerra, por fin haya llegado el momento estelar de la objeción fiscal al gasto militar, y que a la avalancha de declaraciones, manifiestos y posicionamientos críticos, siga una avalancha también de objetores y objetoras fiscales que pongan en primer plano los puntos de vista antimilitaristas en el debate social, que miles de personas tomen en su mano esta herramienta y afirmen de esta manera un mundo en el que el creciente censo global de genocidas (uno caído recientemente y lo celebramos), criminales de guerra, imperialistas varios, sátrapas, autócratas, trileros y señores de la guerra, que hacen de este planeta un lugar cada vez más peligroso, no tengan cabida nunca más.

Esto es la objeción fiscal al gasto militar y estás todo el mundo invitado.

El militarismo está alimentando claramente todas estas guerras y violencia, pero a pesar de los llamamientos a pasar de las armas y la violencia a las negociaciones de paz y el desarme, los gobiernos están insistiendo en una receta para el desastre y aumentan significativamente sus presupuestos militares. En lugar de buscar caminos hacia la paz invirtiendo en diplomacia, ayuda humanitaria y resolución de conflictos, han decidido entregar cada vez más dinero a la industria armamentística. La historia ha demostrado reiteradamente que la militarización no trae ni paz ni seguridad; perpetúa ciclos de destrucción, sufrimiento e injusticia y alimenta la destrucción del clima. Por lo tanto, la militarización no es una solución, sino parte del problema. ¿Cómo va a dar más de lo mismo cualquier resultado que no sea más guerra, violencia e injusticia?

Toda esta violencia también está siendo alimentada por discursos y políticas cada vez más agresivas y abiertamente supremacistas que exacerban un clima de miedo y proponen una mayor militarización y securitización de nuestras sociedades como el único camino a seguir, cerrando así cualquier debate público.

Invertir en la guerra y el rearme significa recortar recursos valiosos de nuestro bienestar. Cada céntimo que se gasta en armas es un céntimo que no se gasta en servicios públicos esenciales, lo que mejoraría nuestras vidas, proporcionaría una seguridad genuina y construiría una paz sostenible. En un momento de crisis climáticas y ambientales que ponen en riesgo el planeta y la vida de las generaciones actuales y futuras, es esencial reducir los presupuestos militares y utilizar estos recursos para salvar a las personas y al planeta. La prioridad de los gastos relacionados con la guerra sobre las necesidades fundamentales de la sociedad agudiza el sufrimiento, profundiza la inseguridad económica y aumenta la desigualdad social. Una mayor militarización y aumento del gasto militar implicará necesariamente más austeridad y recortes en los servicios públicos esenciales, al tiempo que alimentarían la represión y la pérdida de derechos y libertades, tanto en el país como en el extranjero. También es primordial desmentir el mito de los impactos positivos que las inversiones militares tienen en las economías nacionales. El aumento del gasto militar, además de reforzar un statu quo basado en la violencia y la injusticia, desvía recursos de sectores civiles más productivos, que reportan mayores beneficios, tanto a corto como a largo plazo, incluida la creación de empleo.

Exigimos el fin de esta carrera armamentística temeraria. El mundo no necesita más armas, sino más diálogo, cooperación, instituciones democráticas mundiales y un compromiso con la justicia y la dignidad humana.

• Pedimos urgentemente a los gobiernos que reduzcan el gasto militar y, en su lugar, aborden a través de la cooperación y la diplomacia los desafíos globales de nuestro tiempo que requiriemos todos los recursos disponibles.

• Pedimos que se realicen verdaderos esfuerzos encaminados al desarme mundial, detener el comercio de armas y cesar los envíos de armas a los países en conflicto, implicados en la inestabilidad regional o en la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional. Pedimos a los gobiernos y a las empresas que prioricen la paz y la justicia sobre los beneficios derivados de la fabricación y el comercio de armas.

• Pedimos a los gobiernos (especialmente a los de Estados Unidos y los países de la UE) que dejen de suministrar y comprar armas a Israel, y utilicen todos los medios existentes, incluso adoptar sanciones contra el gobierno israelí, para presionar para conseguir un verdadero alto el fuego y el fin del genocidio en Gaza.
• Pedimos un debate sincero y activo sobre las arquitecturas de seguridad internacionales y regionales nuevas y receptivas basadas en las ideas de seguridad compartida común, desarme y justicia mundial. Pedimos a los gobiernos que respeten el derecho internacional y los tratados internacionales de desarme, apoyen el marco internacional de solución de conflictos de las Naciones Unidas, apliquen los compromisos contraídos en el Pacto de las Naciones Unidas para el Futuro y preparen activamente un cuarto período extraordinario de sesiones sobre desarme en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Pedimos a los gobiernos que aborden la crisis climática ahora. Los ejércitos mundiales son responsables del 5,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Esto significa que si los ejércitos del mundo fueran un país, este sería el cuarto mayor emisor. El aumento del gasto militar significa un aumento de las emisiones de GEI. Si se puede disponer de miles de millones de euros para adquirir armas, no hay razón para que no se pueda disponer de esas cantidades para proteger del clima y así abordar el mayor desafío al que se ha enfrentado la Humanidad.

• Hacemos un llamado a la sociedad civil a nivel local, nacional, regional e internacional para que se una a la campaña GCOMS para luchar contra el aumento del gasto militar, para fortalecer el movimiento global por la paz y la justicia, y para presionar a los  buscan justificar un militarismo interminable en nombre de la seguridad.

Firma el llamamiento como organización aquí o en la forma incrustada a continuación.

La edición 2025 de los Días Globales de Acción contra el Gasto Militar (GDAMS) tendrá lugar del 10 de abril al 9 de mayo, incluyendo:
– 10 a 11 de abril: Conferencia sobre Seguridad Común
– 15 de abril: Inicio de la declaración de la renta en EE.UU.
– 22 de abril: Día de la Tierra
– 28 de abril: Publicación de los nuevos datos sobre gasto militar (cifras de 2024)
– 9 de mayo: Día de la Paz de Europa

También podría interesarte firmar estas iniciativas relacionadas:
– Stop Rearm Europe
– Manifiesto No nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa.
– Manifiesto contra la militarización: Científicos unidos contra el rearme de la UE

Gracias a Escif por la ilustración.

Desarme ya para salvar a las personas y al planeta

La humanidad se encuentra en una encrucijada en la que las decisiones políticas sobre los presupuestos de defensa determinarán la trayectoria de las múltiples crisis en las que está inmersa.

Las guerras y los conflictos armados están devastando regiones enteras del planeta. El gasto militar mundial ha aumentado un 19% entre 2013 y 2022, según cifras del SIPRI, y ha aumentado cada año desde 2015. Sin embargo, desde Gaza a Ucrania, la RDC, Sudán, Myanmar o Manipur, esto no ha contribuido de ningún modo a resolver los conflictos persistentes ni a reducir las tensiones mundiales. Por el contrario, el aumento del gasto militar y la intensificación del militarismo no han hecho sino aumentar la volatilidad de la paz y la cooperación mundiales. El aumento de las temperaturas está modificando los patrones climáticos de forma profunda y extrema. Millones de personas ya están sufriendo las desastrosas consecuencias del cambio climático y la degradación medioambiental, amplificadas aún más por los conflictos violentos. Debemos actuar ya. Estos
patrones meteorológicos y climáticos fluctuantes tienen repercusiones directas sobre la posibilidad de que muchos territorios sigan siendo habitables, así como sobre el futuro de unas condiciones de vida dignas y sostenibles para todos.

El mundo se encuentra en una encrucijada geopolítica, incluso cuando nos alejamos del periodo post-Guerra Fría para adentrarnos en una nueva era de multipolaridad y, sin embargo, resulta inquietante que los líderes mundiales aumenten su dependencia de las soluciones militarizadas.

Ahora, el gasto militar se pregona como una necesidad para mantener todos los aspectos de la seguridad. Al mismo tiempo, ha surgido una gran red de intereses a escala mundial, liderada por muy pocos actores privados supranacionales que controlan empresas e influyen en los gobiernos de forma puramente antidemocrática. Se trata de una red de poder global que incluye y conecta empresas militares y de energías fósiles, y en la cual la militarización no sólo causa la muerte de cientos de miles de personas, sino que también se convierte en responsable instrumental del desastre medioambiental al proteger los intereses de los combustibles fósiles y los actores depredadores. Esta red trabaja, directa e indirectamente, para impedir medidas que podrían aliviar tanto la crisis medioambiental planetaria como el sufrimiento de millones de personas, y no se amilana ante los
beneficios de la venta de armas a actores genocidas, como vemos en el apoyo militar prestado a Israel para que continúe sus incesantes ataques contra Gaza. Es necesario por tanto reafirmar el poder democrático en todo el planeta.

El gasto militar no solo alimenta guerras y conflictos armados en todo el mundo, sino que también detrae recursos que podrían dedicarse a abordar el cambio climático, invertir en justicia global (incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y promover la transformación pacífica de conflictos y el desarme. Los ejércitos se encuentran entre los mayores consumidores de combustible del mundo, representando el 5,5% de las emisiones globales, mientras que el uso de productos químicos contamina la tierra alrededor de las bases militares, envenenándola durante generaciones. El uso continuado de minas y municiones de racimo, así como de armamento convencional, deja la tierra inhabitable durante generaciones.

El coste de oportunidad de mantener un gasto militar así, nos está costando, literalmente, un mundo. Somos conscientes de que los retos actuales a los que se enfrenta la humanidad (guerras y conflictos, crisis climática, crisis social, crisis de la democracia, pandemias, deforestación, pérdida de biodiversidad y muchos más) son globales y transfronterizos. Estos retos exigen un esfuerzo común y coordinado que sólo puede lograrse construyendo nuevas alianzas entre un amplio abanico de actores -desde la sociedad civil hasta las instituciones internacionales, los Estados, las empresas y los pueblos- para financiar y crear justicia, paz y derechos humanos para el planeta.

Juntas debemos impulsar una seguridad global común o colectiva, basada en la generación de confianza, la cooperación y la solidaridad. Reducir el gasto militar es un primer paso necesario y la mejor oportunidad para construir la paz y crear un mundo sostenible con dignidad para todos.

Para ello

• Pedimos a los gobiernos que reduzcan el gasto militar y, en su lugar, aborden los acuciantes retos globales que requieren todos los recursos disponibles. Debemos denunciar los intereses ocultos y las presiones del complejo militar-industrial.
• Hacemos un llamamiento para que se realicen esfuerzos reales encaminados al desarme mundial, poniendo fin al comercio de armas y cesando los envíos de armas a países en conflicto. Es hora de que la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometa a fijar una fecha y una estructura definitivas para una 4a Sesión Especial sobre Desarme, teniendo en cuenta que la última sesión se celebró hace 36 años y que los Estados han desatendido su responsabilidad y su deber de avanzar hacia el desarme a través del marco de las Naciones Unidas.
• Pedimos a los gobiernos que den prioridad a la justicia frente a los beneficios derivados del comercio de armas; en concreto, les pedimos que dejen de suministrar y comprar armas a Israel y que utilicen todos los medios existentes para impulsar un alto el fuego y el fin del genocidio en Gaza.
• Pedimos un debate sincero y activo sobre nuevas arquitecturas de seguridad internacionales y regionales con capacidad de respuesta, basadas en las ideas básicas de la seguridad común y en la Nueva Agenda para la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Desde Gaza hasta Sudán y Myanmar, los conflictos no se resolverán por medios militares. Pedimos un alto el fuego mundial; la lógica de la paz debe prevalecer sobre la lógica de la guerra.
• Reclamamos una nueva geopolítica que deje atrás las guerras y la violencia, creando estructuras de gobernanza mundial con un clima de cooperación y diálogo. Debe florecer una nueva era post-violenta, basada en una cultura de paz, principios feministas y resolución de conflictos basada en el diálogo.
• Pedimos a los gobiernos que actúen ya. Se necesita urgentemente un verdadero plan de descarbonización. También denunciamos a las grandes corporaciones de la industria fósil que han secuestrado y cooptado a los gobiernos mundiales.

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil a escala local, nacional, regional e internacional para que se una en la campaña de lucha contra la tendencia al alza del gasto militar, refuerce el movimiento mundial por la paz y la justicia y desafíe a los responsables políticos que pretenden justificar un militarismo sin fin en nombre de nuestra seguridad.

Más información aquí:

Página web de GCOMS/GDAMS: www.demilitarize.org

Los Días de Acción Global sobre Gasto Militar (GDAMS) son una iniciativa del International Peace Bureau (IPB).

La primera edición tuvo lugar en 2011.

La edición de 2024 comenzó el 12 de abril y termina el 15 de mayo